Médicos y Abogados detenidos por millonaria estafa. Córdoba

Una sideral estafa en perjuicio de una Aseguradora de Riesgo del Trabajo (ART) fue puesta al descubierto a través de una investigación del fiscal del Distrito 1 Turno 1, Enrique Gavier, quien ayer ordenó la captura de cinco médicos y cuatro abogados.


La investigación surgió luego de que, en diciembre, el superintendente de Riesgos del Trabajo, Juan González Gaviola, les planteara a los máximos jueces la fuerte distorsión existente en Córdoba, donde no hay una correlación entre la cantidad de empleados asegurados y la cantidad de juicios laborales por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

Para algunos especialistas, esos datos evidencian que existe un sistema de fraude, en el que se fraguan la existencia o la dimensión, tanto de accidentes como de enfermedades laborales. Ante la perspectiva de tener que afrontar estos juicios, las ART terminan acordando extrajudicialmente.

El TSJ recibió además un informe de los jueces de conciliación laboral por el crecimiento de litigios con acuerdo extrajudicial con las ART que eran validados en tribunales inferiores. La Fiscalía General designó a Gavier para hacerse cargo de la investigación, que ayer arrojó los primeros resultados al desbaratarse una organización dedicada a estafar a la ART Provincia, contratada por la Municipalidad de Córdoba para asegurar a sus empleados.

La pesquisa arrojó que unos 700 empleados municipales fueron indemnizados a través de arreglos extrajudiciales. Por cada arreglo se pagaban entre ocho y nueve mil pesos, lo que arrojaría un perjuicio superior a los cinco millones de pesos.

Los abogados detenidos ayer son Agustín Gabriel Cornavaca (30), Fabián Mauricio Manrique (35) y Ariel Osvaldo Merlini (45). En tanto, los médicos apresados fueron identificados como Mario Ernesto Pacheco (52), Jackeline Muñoz y Rubén Ángel Li Gambi (55). Los cinco hombres fueron capturados en esta ciudad, mientras que la médica fue aprehendida en Villa del Rosario. A todos se les imputaron los delitos de "estafa procesal en concurso real", "complicidad necesaria en concurso real" y falsificación de certificados médicos. Otros dos médicos y un abogado permanecían prófugos .

La fiscalía aclaró que no hay acción penal contra los empleados municipales que eran "reclutados mediante engaños y ardides" por la organización para iniciar juicios a la ART.

Se estableció que los abogados captaban a sus clientes concurriendo a las diferentes oficinas municipales, donde repartían folletería y organizaban reuniones para convencer a los empleados de que la ART había incumplido con diversas obligaciones. Sostenían que la aseguradora tenía que efectuarles a los empleados un examen médico al hacerse cargo de la cobertura y luego exámenes periódicos, razón por la cual tenían derecho a una indemnización.

Para completar las maniobras los citaban a consultorios particulares donde se les hacía una revisación y generalmente se modificaban los grados de incapacidad de los empleados públicos y luego les hacían firmar una demanda. A los "clientes" reclutados sólo les mostraban la última página donde debían estampar su firma y se fijaba el porcentaje a cobrar por los abogados.

Cuando se iniciaban los juicios, la ART aceptaba la oferta de un arreglo extrajudicial porque se trataba de sumas similares a las que gastarían en un litigio, aún ganándolo. Los juzgados de conciliación laboral homologaban los acuerdos para que se libraran las órdenes de pago y los abogados se encargaban de repartirlo con los demandantes y los médicos.

(Fuente: La Voz.com)